Coadyuva en la atención, revisión y opinión de casos en los que se reportan posibles violaciones a DDHH y al Debido Proceso, que generen riesgos a la libertad e integridad de las personas, mediante las peticiones de apoyo que hagan las partes del procedimiento penal, en términos del art. 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales (el imputado y su defensor o la víctima u ofendido y su asesor jurídico).