Coordina con los operadores sustantivos del Sistema de Justicia Penal: Tribunales Superiores de Justicia, Fiscalías y Procuradurías Estatales, Defensorías Públicas, Barras de Abogados y Asesorías Jurídicas Victimales, con la finalidad de propiciar que entre la Dirección General y éstos se lleven a cabo acciones de coordinación interinstitucional que den paso a un sistema moderno, capaz de aplicar expedita y transparentemente la solución apropiada a cada caso concreto en un marco de respeto al debido proceso y resolver con ello el conflicto penal.

Todo es realizado como condición indispensable para lograr una justicia penal garantista, eficiente, eficaz y respetuosa de los derechos humanos, con el objeto de combatir la impunidad y la corrupción, así como para recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones y disminuir el distanciamiento existente entre las autoridades y las personas que exigen una efectiva protección de sus bienes jurídicos frente al delito y que sus derechos se vean respetados, en el ejercicio del poder penal.